La Comisión Europea presentó el 17 de julio de 2026 una propuesta de reforma del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea, conocido como RCDE UE o EU ETS. El texto plantea cambios para las instalaciones industriales, la incineración de residuos urbanos, el transporte marítimo y la aviación.
Para muchas empresas, uno de los aspectos con mayor incidencia operativa será la relación entre asignación gratuita e inversión. La propuesta prevé condicionar parte de los derechos gratuitos a planes verificados de descarbonización y a la ejecución de inversiones en la Unión Europea.
España ha abierto un proceso de participación pública sobre la reforma del RCDE UE. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico admite observaciones hasta el 1 de octubre de 2026.
La reforma todavía se encuentra en negociación
El texto, identificado como COM(2026) 616 final, inicia el procedimiento legislativo europeo. El Parlamento Europeo y el Consejo deberán examinarlo, introducir posibles modificaciones y alcanzar un acuerdo antes de su aprobación.
Las medidas analizadas carecen por ahora de aplicación obligatoria. El contenido definitivo, los plazos y los actos de desarrollo pueden cambiar durante la negociación.
La propuesta forma parte de un paquete que incluye otra iniciativa sobre los valores de referencia de calor y combustible para 2026-2030 y una revisión de las normas de seguimiento, notificación y verificación de las emisiones marítimas.
La asignación gratuita se vincularía a inversiones de descarbonización
La Comisión propone mantener la asignación gratuita como protección frente al riesgo de fuga de carbono e introducir nuevas condiciones desde 2031.
Las instalaciones que soliciten derechos gratuitos deberían presentar un plan de inversión en descarbonización en la UE, compatible con la neutralidad climática y acompañado de objetivos intermedios.
Según la propuesta, el 80 % de la asignación correspondiente a cada periodo de cinco años se entregaría en tramos anuales tras la aprobación del plan. El 20 % restante se entregaría después de verificar la ejecución de las inversiones y la reducción significativa de emisiones.
El volumen de inversión debería alcanzar, como mínimo, un valor equivalente al 100 % de la asignación gratuita recibida durante el periodo. Para las instalaciones existentes, el texto sitúa el 30 de septiembre de 2029 como fecha de presentación del primer plan.
La propuesta contempla tratamientos específicos para determinados supuestos, entre ellos algunas instalaciones de muy bajas emisiones, las instalaciones situadas entre las más eficientes y ciertos proyectos financiados por instrumentos europeos.
Esta estructura puede generar un trabajo documental considerable. El operador tendrá que relacionar el plan técnico con el valor económico de los derechos, justificar los costes elegibles, demostrar la ubicación de las inversiones y conservar evidencias sobre la reducción alcanzada.
La evolución de la asignación gratuita también deberá analizarse junto con el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, especialmente en los sectores sujetos a la retirada progresiva de derechos gratuitos.
La incineración de residuos urbanos podría incorporarse gradualmente
La Comisión propone integrar en el RCDE UE las instalaciones de incineración de residuos no peligrosos con una capacidad superior a tres toneladas por hora.
La obligación de entregar derechos se introduciría entre 2031 y 2034. Al finalizar ese periodo alcanzaría el 100 % de las emisiones verificadas.
El texto contempla una posible exclusión temporal hasta finales de 2035 para los Estados miembros que cumplan determinadas condiciones relacionadas con fiscalidad del carbono, reciclaje y reducción del vertido.
Las instalaciones de incineración de residuos urbanos con una potencia térmica nominal total superior a 20 MW ya deben realizar desde 2024 el seguimiento, la notificación y la verificación de sus emisiones. La Comisión Europea ha publicado orientaciones específicas para estos procesos.
La incorporación al mercado de carbono puede afectar a la planificación de las plantas, los contratos de tratamiento y las decisiones sobre prevención, reciclaje, valorización y captura de carbono.
Los gestores y las administraciones responsables de contratos de tratamiento deberían vigilar la distribución contractual del futuro coste del carbono, la duración de las concesiones y las cláusulas de revisión de precios.
La propuesta revisa la cobertura del transporte
En el ámbito marítimo, el texto encarga a la Comisión evaluar antes del 31 de diciembre de 2031 la posible inclusión de determinados buques con un arqueo bruto inferior a 5.000 y no inferior a 400.
También plantea medidas para coordinar el RCDE UE con las actuaciones internacionales sobre emisiones marítimas. Un texto complementario revisa las reglas de seguimiento, notificación y verificación.
En aviación, la Comisión propone ampliar la cobertura a determinados vuelos que salen del Espacio Económico Europeo hacia aeropuertos de terceros países. La reforma aborda además la coordinación con CORSIA, el esquema internacional de compensación y reducción de carbono para la aviación.
La cobertura geográfica, las rutas incluidas y la relación con los mecanismos internacionales dependerán del resultado de la negociación.
Absorciones y financiación de la descarbonización
La propuesta incorpora mecanismos para que las autoridades públicas adquieran una cantidad limitada de absorciones permanentes de carbono generadas en la UE y créditos internacionales de elevada integridad.
La futura regulación deberá concretar los criterios de elegibilidad, las metodologías, los límites y la relación con el Registro de la Unión. Las empresas deberían evitar asumir que cualquier proyecto de compensación o absorción podrá utilizarse dentro del RCDE UE.
La Comisión propone además crear un Banco de Descarbonización Industrial y un mecanismo de impulso temprano a la inversión. Estos instrumentos convivirían con el Fondo de Innovación y el Fondo de Modernización.
La documentación oficial de la reforma plantea que los ingresos del RCDE apoyen tecnologías industriales, electrificación, combustibles con bajas emisiones y proyectos de reducción.
Qué pueden revisar las empresas durante la tramitación
La propuesta puede sufrir cambios, aunque ya ofrece una base suficiente para identificar posibles impactos y ordenar información.
Las empresas pueden empezar por:
- delimitar las instalaciones, actividades, flotas y contratos que podrían quedar afectados;
- revisar la trazabilidad de los datos de emisiones, producción, consumos y residuos;
- estimar el valor de la asignación gratuita bajo distintos escenarios;
- relacionar la cartera de inversiones con los objetivos de reducción;
- ordenar las evidencias sobre costes, ejecución y resultados técnicos;
- revisar las cláusulas contractuales vinculadas al coste del carbono;
- asignar responsabilidades entre sostenibilidad, operaciones, ingeniería, finanzas, compras y asesoría jurídica;
- seguir los cambios introducidos por el Parlamento Europeo y el Consejo.
La revisión de la información puede coordinarse con los procesos de cálculo y actualización de los inventarios de emisiones.
Las empresas y asociaciones con intereses afectados pueden presentar observaciones al MITECO hasta el 1 de octubre de 2026. Una aportación útil debería identificar el artículo afectado, describir su efecto operativo y aportar datos o alternativas concretas.
Una preparación basada en escenarios
La reforma del RCDE UE propone relacionar los derechos gratuitos, las inversiones y la reducción verificable de emisiones. El contenido definitivo dependerá de la negociación europea y de los actos de desarrollo posteriores.
Preparar inventarios fiables, responsabilidades internas y una cartera documentada de proyectos facilitará la evaluación de los distintos escenarios regulatorios.
En Geoinnova Sostenibilidad y Prevención Ambiental analizamos el impacto de la normativa climática sobre procesos, datos y planes de reducción. Una revisión temprana del perímetro afectado, la información disponible y las inversiones previstas puede facilitar la preparación ante la futura reforma del RCDE UE.
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