Con motivo del proyecto de recrecimiento de la presa de Yesa, el pasado 2 de abril se agolparon frente al congreso de los diputados representantes de distintos grupos políticos (Geroa Bai, EH Bildu y Podemos), plataformas ecologistas (Ecologistas en acción, Greenpeace, SEO/Birdlife, WWF, Plataforma en defensa del Ebro y Fundación nueva cultura del agua) y habitantes de pueblos afectados, para protestar por los daños sufridos por causa de este.

Los participantes entregaron un documento a los representantes políticos en aras de la apertura de un debate institucional sobre el polémico proyecto. Para comprender el calado y las implicaciones del proyecto hagamos un repaso al recorrido del mismo.
La presa de Yesa un proyecto que pone en riesgo al entorno y a los ciudadanos
La fundación de la presa de Yesa se remonta a 1959, fecha inmersa dentro del régimen franquista y su popular construcción e inauguración de obras hidráulicas de gran envergadura. La construcción del embalse provocó el abandono de los municipios de Ruesta, Tiermas y Escó y afectó a 1500 personas aguas abajo. Los problemas aparejados a la presa no tardaron en aparecer y numerosos pueblos se vieron afectados aguas arriba. 2408 hectáreas fueron inundadas, de las cuales, 1000 de muy buena calidad agrícola.
El proyecto de recrecimiento surge en la década de los 70 con el objetivo de renovar la regulación de la cuenca del Aragón y del Irati. No es hasta 1983 cuando finaliza el nuevo proyecto que pretende convertir las 446,86 hm cúbicos en 1525. El recrecimiento persigue entre otros objetivos el mantenimiento de los regadíos actuales y la futura ampliación de superficie en la Ribera navarra; también se contempla el abastecimiento de agua potable a Zaragoza. Como pasara con la construcción original, las consecuencias negativas vuelven a ser las expropiaciones e inundación de superficies agrícolas y de municipios. En este caso, los afectados son Sigüés, Artieda y Mianos.
En 1992 la obra pasa a considerarse, por real decreto de ley, obra de `interés general´. En 1998 el proyecto de recrecimiento es recogido como obra prioritaria en el plan hidrológico de la cuenca del Ebro. En 2001 se incluye dentro del plan hidrológico nacional. Este último acontecimiento chocaba frontalmente con la resolución del ministerio del ministerio del medio ambiente publicada en el B.O.E. en 1999. El estudio de impacto ambiental había sido realizado en 1993, pero sin emitirse declaración alguna del mismo. En 1999 se emite dicha declaración sin indicar si es positiva o negativa, a pesar de señalar grandes impactos, tanto ambientales como de índole cultural. Es ese mismo año cuando salen a concurso las obras. En enero de 2001 se adjudican y en mayo de ese mismo año comienzan. En 2004 aparecen grietas de gran tamaño en la orilla izquierda y en 2006 se produce un derrumbamiento de 3,5 millones de metros cúbicos de tierras. En 2007 acontece la reapertura de grietas y agujeros, problema que se creía subsanado. En 2011 aparece publicado en el B.O.E., la adjudicación de 24.209.381 euros en concepto de trabajos auxiliares no contemplados en el proyecto, destinados a reparar las continuas adversidades que han ido apareciendo desde el comienzo.

Desde el inicio se han alzado voces a favor –los beneficiarios, agricultores de la Ribera navarra y del norte de Aragón- y voces en contra –habitantes de pueblos afectados y colindantes y plataformas ecologistas-. A la entrega de este último documento anteceden cinco acciones judiciales, tres contenciosos administrativos y una querella criminal; todas ellas desestimadas. Con esta nueva iniciativa se pretende la detención de la empresa que ha desoído informes desfavorables hacia ella como el emitido por los doctores en geología Antonio Casas Sainz y Mayte Rico (afiliados a la universidad de Zaragoza) o el del profesor del CSIC Pedro Montserrat. En dichos informes se advierte de la peligrosidad que entraña debido al debilitamiento de la ladera y aumento de movimientos sísmicos, entre otras consecuencias funestas. Cabe mencionar, también, que el proyecto de recrecimiento afectaría a 22 km de ruta jacobea.
El proyecto de recrecimiento de la presa de Yesa ha puesto en pie de guerra a vecinos y asociaciones ecologistas, puesto que, y así lo confirman los datos, el proyecto tiene unos impactos ambientales que inhabilitan si desarrollo.
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