Fue en 2010 cuando tuvo lugar uno de los desastres naturales más importantes de los últimos años, cuando un derrame de casi cinco millones de barriles de crudo tras el estallido de la plataforma Deepwater Horizon de British Petroleum dejaba totalmente contaminado el golfo de México.
Fuente: forojovenes
El derrame de petróleo del pozo Macondo de British Petroleum (BP) tuvo su impacto más severo en un área de cerca de 24 kilómetros cuadrados alrededor de la boca del pozo, los efectos moderados fueron vistos en 57 millas cuadradas (148 kilómetros cuadrados). Toda la biodiversidad del fondo marino de la zona se vio afectada, reduciéndose sus poblaciones, debido a la mancha de aceite que que tuvo 183 metros de espesor y 1,9 km de ancho.
Han pasado 5 años, y la compañía BP sigue con sus funcionando, gracias a que el gobierno federal estadounidense aprobó media docena de pozos de nueva generación, a más de 2 mil metros de la superficie; las instalaciones de perforación aumentaron de 35 a 48 y la profundidad de las obras se incrementó en promedio 535 metros, 40 por ciento más que en el momento del desastre. A su vez, fueron obligados a pagar a los afectados de los estados de Alabama, Florida, Luisiana, Misisipí y Texas y al Gobierno federal, quedándose fuera de estas indemnizaciones los pescadores mexicanos que vieron como su recurso más preciado y del que depende su subsistencia era destruido por BP.
Por ello un grupo de 25.000 pescadores mexicanos han decidido querellarse contra BP para conseguir que se les compense por las pérdidas económicas y ambientales que produjo el vertido de petróleo en el Golfo de México y cuyos efectos se siguen notando en la actualidad, donde miles de especies presentan problemas y todavía existen aguas sin tratar. Además desde este colectivo no se entiende que sólo se hayan compensado por los daños a la parte estadounidense puesto que el vertido afectó gravemente a México.
La demanda ha sido presentada tanto los tribunales mexicanos como en los estadounidenses, avalada por 62 representante de los pescadores, por su parte el Gobierno mexicano, mientras que en 2010 se negó a emprender cualquier acción legal contra la compañía petrolera, ahora considera que BP debe pagar por los daños ambientales y económicos que casó el vertido de petróleo.
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