Objetivo 55: la UE hacia la neutralidad climática para 2030

El 14 de julio de 2021, la Comisión Europea presentó un transcendental paquete legislativo  coherente con la estrategia a largo plazo formulada en 2018  en el que se concretan las medidas legislativas con las que se pretende lograr  el objetivo de neutralidad climática a 2050 y el objetivo intermedio de reducción de emisiones a 2030. 

El paquete “Objetivo 55 : cumplimiento del objetivo climático de la UE para 2030 en el camino hacia la neutralidad climática”  propone revisar varias piezas de la legislación climática de la UE, incluida la normativa que regula el Régimen del Comercio de Derechos de Emisión (RCDE UE) y  el Reglamento de reparto de esfuerzos. 

Este último supone un importante incremento en el objetivo de reducción de emisiones a 2030 para los sectores difusos en España que pasará del 26% al 37,7% respecto a 2005. 

Antes de continuar leyendo, te recordamos que en Geoinnova tenemos dos cursos directamente relacionados con este tema, el Curso de Experto en Cambio Climático y el Curso de Experto en Cálculo de Huella de Carbono. Además, desde nuestra línea de consultoría ofrecemos el Servicio de Calculo de Huella ce Carbono para Administraciones y Empresas.

A continuación puedes encontrar el resumen de las principales propuestas.

Modificación y ampliación del comercio de derechos de emisión. Poner precio al CO2

• Aumentar el ritmo anual de reducción para las instalaciones obligadas al comercio de derechos de emisión (RCDE UE) en vigor desde 2005. 
• Eliminar gradualmente los derechos de emisión gratuitos para la aviación,  obligada al comercio de derechos de emisión desde 2013.
• Incluir por primera vez las emisiones del transporte marítimo en el RCDE UE. 
• Establecer un nuevo régimen de comercio de derechos de emisión para la distribución de combustibles para el transporte por carretera y los edificios.
• Para complementar el gasto sustancial en materia de clima en el presupuesto de la UE, los Estados miembros deben gastar la totalidad de sus ingresos procedentes del comercio de derechos de emisión en proyectos relacionados con el clima y la energía. Una parte específica de los ingresos procedentes del nuevo sistema para el transporte por carretera y los edificios debe abordar el posible impacto social en los hogares vulnerables, las microempresas y los usuarios del transporte. 
• Modificación del Reglamento de reparto de esfuerzos que establece los compromisos de reducción de cada país a 2030.
• Asignar nuevos objetivos reforzados de reducción de emisiones a cada Estado miembro para los sectores difusos (los edificios, el transporte por carretera y marítimo nacional, la agricultura, los residuos y las pequeñas industrias). Estos objetivos, que tienen en cuenta las diferentes situaciones de partida y capacidades de cada Estado miembro, se basan en su PIB per cápita, con ajustes para tener en cuenta la relación coste-eficacia.

Establece un objetivo global de la UE para la absorción de carbono por los sumideros 

• Este objetivo se concreta en 310 millones de toneladas de emisiones de CO2 para 2030. Los objetivos nacionales deberán responder a este objetivo ampliando sus sumideros de carbono. 
• De aquí a 2035, la UE deberá alcanzar la neutralidad climática en los sectores del uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura, incluidas también las emisiones agrícolas distintas del CO2, como las derivadas del uso de fertilizantes y la ganadería. 
• Establece un plan para plantar tres mil millones de árboles en toda Europa de aquí a 2030.

Producir el 40 % de nuestra energía a partir de fuentes renovables de aquí a 2030

• Todos los Estados miembros contribuirán al nuevo objetivo global, y se proponen objetivos específicos para el uso de energías renovables en el transporte, la calefacción y refrigeración, los edificios y la industria. 

Nuevos objetivos en materia de eficiencia energética

• Se establecerá un objetivo anual vinculante más ambicioso para disminuir el consumo de energía a escala de la UE. La Directiva de eficiencia energética se modificará para fijar las contribuciones nacionales y casi duplicará la obligación de ahorro energético anual de los Estados miembros. 

• El sector público tendrá que renovar el 3 % de sus edificios cada año para impulsar la ola de renovación, crear puestos de trabajo y reducir el consumo de energía y los costes para el contribuyente.

Nuevas normas más estrictas para emisiones de co2 de turismos y furgonetas. Los vehículos nuevos matriculados a partir de 2035 serán de cero emisiones

• Las emisiones de los vehículos nuevos deberán ser un 55 % menos a partir de 2030 y un 100 % a partir de 2035 en comparación con los niveles de 2021. Como consecuencia de ello, todos los vehículos nuevos matriculados a partir de 2035 serán de cero emisiones. 

Obligaciones en materia de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos

• Se exigirá a los Estados miembros que amplíen la capacidad de carga en consonancia con la venta de vehículos de cero emisiones y que instalen puntos de recarga y de repostaje a intervalos regulares en las principales autopistas: cada 60 kilómetros para la recarga eléctrica y cada 150 km para el repostaje de hidrógeno.

Uso de combustible menos contaminantes en aviación y tráfico marítimo

• El Reglamento relativo a la infraestructura de los combustibles alternativos dispone que las aeronaves y los buques tengan acceso a un suministro de electricidad limpia en los principales puertos y aeropuertos. 
• Obligará a los proveedores de combustible a incorporar niveles cada vez mayores de combustibles de aviación sostenibles en el carburante para aeronaves en los aeropuertos de la UE, 
• Combustibles marítimos sostenibles y tecnologías de cero emisiones mediante el establecimiento de un límite máximo para el contenido de gases de efecto invernadero en la energía utilizada por los buques que hagan escala en puertos europeos.

Revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía

• Se propone armonizar la fiscalidad de los productos energéticos con las políticas energéticas y climáticas de la UE, promoviendo tecnologías limpias y eliminando las exenciones obsoletas y los tipos reducidos que actualmente fomentan el uso de combustibles fósiles. Las nuevas normas tienen por objeto reducir los efectos perjudiciales de la competencia en materia de impuestos sobre la energía, contribuyendo a que los Estados miembros obtengan ingresos procedentes de los impuestos ecológicos, que son menos perjudiciales para el crecimiento que los impuestos sobre el trabajo.

Poner precio a la huella de carbono en las importaciones 

• Nuevo mecanismo de ajuste de carbono en frontera para determinados productos con el objetivo de velar por que la ambiciosa acción por el clima en Europa no se traduzca en una «fuga de carbono». De este modo, se velará por que las reducciones de emisiones europeas contribuyan a una disminución de las emisiones mundiales, en lugar de impulsar la producción intensiva de carbono fuera de Europa. Con ello, también se animará a la industria de fuera de la UE y a nuestros socios internacionales a adoptar medidas en la misma dirección.

Nuevo Fondo Social para el Clima

• Los instrumentos de tarificación del carbono generan ingresos que pueden reinvertirse para estimular la innovación, el crecimiento económico y las inversiones en tecnologías limpias. Se propone un nuevo Fondo Social para el Clima que proporcione financiación específica a los Estados miembros para ayudar a los ciudadanos a costear inversiones en eficiencia energética, nuevos sistemas de calefacción y refrigeración y una movilidad más limpia. 
• El nuevo Fondo Social para el Clima se financiará con cargo al presupuesto de la UE, utilizando un importe equivalente al 25 % de los ingresos previstos del comercio de derechos de emisión para los combustibles de la construcción y el transporte por carretera. Aportará 72.200 millones de euros en concepto de financiación a los Estados miembros para el período 2025-2032, sobre la base de una modificación específica del marco financiero plurianual. Con una propuesta para aprovechar la financiación correspondiente de los Estados miembros, el Fondo movilizará 144.400 millones de euros para una transición socialmente justa.