La decidida apuesta de la Unión Europea por una economía baja en carbono, va a modificar, en los próximos años, la forma de producir de muchos sectores de actividad, la forma en que se ofertan los productos en los mercados de exportación y nuestra manera de consumir y de vivir en las ciudades.
El cambio climático se genera como consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero, con independencia de quien las produce. Las emisiones de un país una vez dispersadas en la atmósfera afectan a todo el planeta. Este carácter global convirtió en imprescindible la coordinación internacional, por lo que en Río de Janeiro, en 1992, se firmó el Convenio Marco sobre el Cambio Climático. Entró en vigor el 21 de marzo de 1994 y fue ratificado por 196 Estados, que constituyen las “Partes” de la Convención.
Desde 1992, se han celebrado numerosas reuniones o conferencias de las partes (COP). La Conferencia de las Partes, compuesta por todos los Estados “Partes”, constituye el órgano de decisión de la Convención. Se reúne anualmente en conferencias mundiales. En París, del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015, se celebró la número 21, de ahí el nombre de COP21.
El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha necesitado, sin embargo, la elaboración de protocolos específicos que permitan concretar los compromisos. Hasta el acuerdo de París, el más conocido de estos ha sido el Protocolo de Kioto, adoptado en la Tercera Reunión de las Partes en diciembre de 1997, en la ciudad de Kioto.
La 18ª Reunión de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 18), celebrada en 2012 en Doha, prorrogó hasta 2020 el período de compromiso del Protocolo de Kioto, que expiraba en 2012. En París, la COP 21 aprobó el nuevo Protocolo que en 2020 sustituirá al de Kioto.
En París 187 países presentaron sus propuestas de reducción. La contribución de la Unión Europea fue presentada el 6 de marzo de 2015[1]. El compromiso fue el concretado en el acuerdo de Jefes de Estado de octubre de 2014, de reducir el 40% de las emisiones en 2030 con respecto a las de 1990. Es necesario destacar que en el documento presentado se expresa además una meta, señalando que el compromiso “está en línea con el objetivo de la UE, en el contexto de las reducciones necesarias según el IPCC por los países desarrollados en su conjunto, para reducir sus emisiones 80-95% en 2050 con respecto a 1990”.
En el acuerdo de Jefes de Estado de octubre de 2014, se señala que “la UE cumplirá colectivamente el objetivo de la manera más eficaz posible en términos de coste, con reducciones en los sectores sujetos y no sujetos al régimen de comercio de derechos de emisión del 43% y del 30%, respectivamente, en 2030 en comparación con 2005”. La distribución del esfuerzo para los diferentes estados miembros ha sido aprobada definitivamente mediante REGLAMENTO (UE) 2018/842 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030[1] correspondiendo a España una reducción del 26%.
En 2011, la Comisión Europea publicó la «Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050[1]» en la que se recomienda adoptar un compromiso de reducción del 80% respecto a 1990, con objetivos intermedios del 40% para el año 2030 y del 60% para el año 2040. El Consejo Europeo había reafirmado en febrero de 2011 el objetivo de la UE de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 80% y un 90% hasta 2050, respecto a los niveles de 1990.
Una iniciativa importante del Departamento del Comisario de Energía y Clima es “La unión de la energía y la acción por el clima[2]”. En este marco la propuesta de Reglamento del Parlamento y del Consejo relativo a la Unión de la Energía[3] obliga a los estados miembros a presentar un plan nacional integrado de energía y clima para el periodo 2021-2030 a más tardar el 1 de enero de 2019. Es decir se establece la obligación de una planificación conjunta de la reducción de gases de efecto invernadero (descarbonización) y los aspectos de la energía como son la eficiencia energética y el fomento de las renovables.
En países como España, con una energía basada mayoritariamente en los derivados del petróleo, los compromisos internacionales hacia una economía baja en carbono representarán un gran reto, pero también una gran oportunidad. Reducir la dependencia del petróleo significa mejorar notablemente el déficit comercial de nuestro país (una buena parte de los ingresos que genera el turismo, más de 76.000 millones de euros se gastan en pagar las importaciones de petróleo y gas, 30.000 millones de euros).
Muchos procesos que generan emisiones de gases de efecto invernadero emiten, a su vez, contaminantes peligrosos para la salud, como los derivados de la utilización de combustibles fósiles por el tráfico. Reducir el uso de estos combustibles fósiles significa mejorar notablemente la salud en las ciudades.
Una de las formas más eficaces de reducir las emisiones vendrá de la mano de importantes cambios en nuestro modelo de producción y consumo: la ecoeficiencia, la economía circular, la economía colaborativa serán fuertemente impulsadas en los próximos años por la Unión Europea.
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