El pasado 15 de octubre el Banco Mundial (BM), llevo a cabo una sentencia. Este fallo contra la empresa minera Pacific Rim, puede llevar a prohibir la minería en El Salvador. El objetivo principal de este fallo es buscar la prohibición de las actividades de extracción de minerales metálicos.
Esta decisión representa una esperanza para los miembros de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, su representante, Saúl Baños, señala que están de acuerdo en que a partir de este momento están dadas las condiciones necesarias para que se establezcan las leyes y normas, las cuales prohibirán las actividades de extracción de minerales. Estas deben ser dictadas por el Ejecutivo Nacional y tienen que ser acatadas por todos los órganos relacionados con las actividades mineras.
Los activistas pertenecientes a distintas asociaciones que se oponen a las actividades de minería, concuerdan que de no cumplirse las directrices emanadas del fallo, podrían generar una gran cantidad de demandas. Las alianzas antiminería han coincidido en que El Salvador debe acatar las órdenes plasmadas en el fallo y transitar el camino hacia la prohibición de este tipo de actividades.
Según lo expresado por el Frente a la Minería Metálica, los primeros pasos que deben darse para alcanzar la prohibición total es emitir mediante un decreto ejecutivo la limitación de las actividades relacionadas con las empresas mineras. Luego deben iniciarse las discusiones en el Congreso, quienes son los encargados de aprobar la respectiva ley para la prohibición total de las acciones mineras.
En la actualidad se han presentado algunos inconvenientes entre las organizaciones antiminería y las compañías que se dedican a esta actividad, los activistas les han exigido encarecidamente a las empresas que se retiren de El Salvador. Todo esto con la finalidad de detener la extracción de minerales y evitar las consecuencias negativas que generan estas actividades.
Las personas en contra de la minería están seguras que este es un gran triunfo para El Salvador y Centroamérica, sin embargo, resaltan que deben continuar luchando para preservar la tierra, el agua y el medioambiente. Todo esto con la finalidad de garantizar condiciones más adecuadas de vida para las personas que residen cerca de las zonas mineras.
Es muy importante resaltar que deben existir acuerdos entre los diputados del Congreso Nacional, con la finalidad de garantizar que se cree una ley que prohíba la minería en el país. Uno de los objetivos de esta ley es evitar que el Estado no sea víctima de nuevas demandas internacionales.
La empresa minera canadiense Pacific Rim, solicitaba al país una indemnización por la cantidad de 250 millones de dólares. No obstante, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), ejecuto un fallo a favor de El Salvador, dictando que la organización debe retribuir al país con la cantidad de ocho millones de dólares. Este monto está destinado a cubrir los costos que generó el litigio, el cual tuvo una duración de siete años y medio.
Durante el proceso de litigio, se han gastado la cantidad de 13 millones de dólares. Esto supone una pérdida de cinco millones de dólares para El Salvador, aun cuando el fallo fue a favor de Estado, se registró una merma considerable de capital.
El proceso legal inició en el año 2009, la compañía Pacific Rim (Oceana Gold, a partir del 2013), presentó una demanda en contra de El Salvador en los tribunales de la CIADI, debido a la negativa del gobierno en otorgar los permisos necesarios para extraer oro de la mina El Dorado, ubicada en el departamento de Cabañas.
Durante todo el proceso legal y luego del análisis desde ambos puntos de vista, el CIADI emitió un fallo a favor de El Salvador, sentando un precedente y dando el primer paso para la prohibición de las actividades mineras en el país.
Autor: Jesús Carrillo.
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