Finalmente el gobierno ha logrado sacar a trámite la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad fijando excepciones para poder cazar y pescar especies exóticas invasoras, contraposición de la Sentencia del Tribunal Supremo de 2016, por la que se incluían ciertas especies de animales (trucha arco iris o el cangrejo rojo o el arruí) en el Catálogo de Especies Invasoras del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, prohibiendo realizar cualquier actividad cinegética, piscícola o comercial con ellas. Con esta modificación estaría permitida la caza y la pesca para su control o erradicación de aquellos animales en áreas ocupadas antes de 2007, año en que se promulgó la primera regulación de esta materia.
Entre los argumentos que se han esgrimido a favor de esta reforma encontramos desde los que afirman que aquellas especies invasoras asentadas en nuestros ecosistemas y que no suponen ningún daño para el medio ambiente (estaría bien saber que entienden ellos por “daños al medio ambiente”), no son comparables con las especies invasoras que han ido apareciendo en los últimos años, y que por ello deben ser excluidas de esta lista, al viejo y trillado argumento de “las grandes pérdidas económicas y de empleo” de las zonas dedicadas a la caza y la pesca (ambos sectores, el de la pesca deportiva y el cinegético responsables de la entrada de alguna de estas especies invasoras).
Conviene recordar que una de las principales causas de pérdida de la biodiversidad es la presencia de especies invasoras en nuestros ecosistemas. Estas especies no sólo están acabando con la fauna autóctona, como se ha podido comprobar en el caso del visón europeo del que apenas quedan 500 ejemplares debido a la presencia del visón americano (introducido en España vía industria peletera), sino que afectan gravemente a los ecosistemas donde se ha detectado la presencia de las mismas alterando las condiciones del ecosistema, modificando las interacciones entre especies, hibridándose con las especies nativas provocando una contaminación genética (caso del jabalí con el cerdo vietnamita o cerdolí), etc. Además, otro factor a tener en cuenta es que la mayoría de estas especies tienen una tasa de proliferación muy alta y algunas se extienden rápidamente por el territorio español y que como consecuencia de esto cada vez se tiene que invertir más dinero en la lucha contra las invasoras.
Esta modificación de la ley se realiza en contra del criterio técnico de hasta 600 científicos, 17 sociedades científicas y 100 ONG firmaron un manifiesto contra la modificación de la ley, que fue registrada en el Congreso antes de la votación realizada el martes. Este manifiesto señalaba que todas las especies que se quieren indultar representan una grave amenaza para la biodiversidad de los ecosistemas españoles.
Varias cosas nos han quedado claras con la aprobación a trámite de la modificación de la ley: primero, que hay ciertos grupos de presión (caza, pesca, sector peletero, etc) cuya opinión parece ser más válida que la de científicos y técnicos expertos en especies invasoras, segundo, que el dinero es más importante que la conservación del medio ambiente ( eso es algo que ya veníamos sospechando desde hace años) y tercero, y aunque es muy triste, que el problema con las invasoras tiene difícil solución mientras los que tomen las decisiones estén más pendientes de los votos que de las repercusiones que tienen sus decisiones sobre el entorno.
Fuentes: 20 minutos, Público, La Verdad.
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