Mientras la mayoría de los gobiernos europeos apuestan por mejorar el mercado de carbono europeo España prefiere retrasar esta propuesta hasta el 2021, aumentando la cantidad de nuevos derechos de carbono en el mercado.
Precio de la tonelada de CO2.Fuente: www.microsiervos.com
El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) regula las emisiones de carbono generadas por centrales eléctricas europeas, fábricas y vuelos internos y limita la oferta de derechos de emisión de carbono. Actualmente el Consejo Europeo está diseñando una propuesta para regular la cantidad de derechos de emisión que hay en el mercado, para evitar la situación actual, donde un crecimiento de la cantidad de derechos de emisión de carbono en el mercado está provocando una disminución de su precio.Esta regulación se llevaría acabo a través de una Reserva de Estabilidad del Mercado (MSR, por sus siglas en inglés). Mientras que la Comisión de Medio Ambiente del parlamento Europeo apuesta por implantar esta iniciativa en 2018, España quiere retrasarlo hasta 2021 y el resto de estados apuestan por realizarlo a partir de 2017.
Pero ¿Cuáles son los interese que mueven la posición española? Fácil, con este retraso que proponen en la aplicación de esta reforma en el mercado de las emisiones, protegen a la industria de cualquier cambio que esta reforma pueda producir sobre el precio del carbono, protegiendo este precio hasta 2030 o incluso hasta 2050. Además también otros sectores como las refinerías de hidrocarburos mantendrían su ventaja competitiva frente a sus socios europeos. Todo esto supondrá una recaudación para España de 1,2 billones de euros.
Esta medida y viendo la dirección que ha tomado el gobierno español respecto a su política climática, no debería extrañarnos. Hay muchos intereses creados alrededor del carbono y no interesa meterle mano en condiciones, y eso se refleja en la política energética y climática que se viene desarrollando en los últimos años en España, donde se ha cortado por lo sano con las renovables, se está estudiando la reapertura de centrales nucleares ya obsoletas y se obstaculiza un programa europeo para mejorar el mercado de derechos de emisión de carbono para evitar así una modificación en el precio del carbón.
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