España se enfrenta a 13 demandas de arbitraje internacional por vulneración de los principios recogidos en la Carta de la Energía. Estás demandas tienen su origen en los cambios legislativos que se han producido entorno a las energías renovables donde se ha ido reduciendo progresivamente la retribución de este sector.
Numerosas empresas y fondos de inversión acudieron a España por las numerosas ayudas que se ofrecían desde el Gobierno para impulsar las energías renovables, ahora y tras las últimas modificaciones realizadas en la normativa por la que se rige el sector, los inversores están sufriendo grandes pérdidas, por lo que reclaman a España que les compense por los daños y perjuicios sufridos.
Los demandantes argumentan que los cambios normativos les han perjudicado, en el sentido de que la retribución que les garantiza el Gobierno no equivale a la remuneración recogida en las leyes con las que hicieron la inversión.
PV Investors, un grupo de inversión formado por 16 miembros, fueron los primeros en denunciar a España por este motivo en noviembre del 2011 ante las Naciones Unidas. Más tarde en 2013 otras tres reclamaciones, en este caso ante la Cámara de Comercio de Estocolmo, por parte de la holandesa Charanne y el luxemburgués Construction Investments, Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity Investment.
Los acontecimientos de las últimas semanas, en los que se dio a conocer que los informes encargados por el Gobierno para calcular esa rentabilidad razonable de las energías renovables no se utilizaron en la normativa, ya que uno nunca se presentó y el otro lo hizo tras su aprobación, han supuesto un empujón muy favorable para estas demandas que pese a ser unos procesos largos en el tiempo se espera que culminen con éxito.
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