El Ministerio de Transición Ecológica pretende que la evaluación del impacto ambiental sea un «factor prioritario en la toma de decisiones en la creación de proyectos«, para lo que ve necesario encontrar el momento preciso para iniciar tales estrategias y «acompasar los procedimientos administrativos de la concesión de autorizaciones con los plazos que exigen los planes de evaluación».
Así lo ha dicho el subdirector general de Evaluación Ambiental, Eugenio Jesús Domínguez Collado, durante la primera jornada del encuentro ‘Evaluación ambiental y desarrollo sostenible‘, en la última semana de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, según informa la UIMP en nota de prensa. «La evaluación del impacto ambiental se configura como un instrumento técnico de ayuda a la toma de decisiones, que aporta el factor ambiental al conjunto de factores que deben tenerse en cuenta por quien toma la decisión de iniciar un proyecto», ha valorado Domínguez. De esta forma, ha incidido en que la eficiencia de estos planes evita «errores garrafales a nivel económico y social» y en que la consecución del desarrollo sostenible reside, a su juicio, en que «los promotores de un proyecto tengan en cuenta el factor ambiental desde que surge la idea de creación. En su intervención, Domínguez Collado ha expuesto que lo que se plantea mediante la datación del momento exacto del comienzo del desarrollo de los planes medioambientales es «ayudar a la planificación de la actividad económica y de la administración en general». Igualmente, ha defendido que estos planes no deben tomarse «como un elemento de justificación de decisiones ya tomadas» y ha explicado la problemática que conlleva el diseño de estas estrategias medioambientales durante la gestación de un proyecto. Por un lado, ha manifestado que los problemas de plantear los factores medioambientales en un momento tan primario en la gestión de un proyecto consisten en que «aún no están definidos muchos puntos estratégicos, como el dónde o el qué», aunque defendido la necesidad de «asumir esa dificultad para evitar errores posteriores». Por otro lado, ha apuntado hacia el problema que crea la propia naturaleza de estas medidas, cuyas características en su estructura procedimental incluyen la participación pública y la propuesta de alternativas, al tiempo que ha reconocido que «también es un reto para la Administración ordenar los plazos de manera lógica y eficiente».
Coordinación de normativas
Fuente: Europa Press
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