El futuro de Garoña tras Fukushima

La central nuclear de Garoña, encara este mes su futuro. Nuclenor, la empresa gestora ya ha manifestado su intención de reabrirla sin acometer la inversión de 120 millones de euros que costaría su puesta al día. El Consejo de Seguridad Nuclear decidirá este mes si aprueba un Real Decreto que permitiría esta excepción.Estos últimos días han saltado una serie de noticias acerca del futuro del central nuclear de Garoña (Burgos) que van configurando un escenario, unos actores y unos intereses definidos. La liebre saltó ayer 17 de julio, al publicar varios diarios que la empresa que gestiona la central, Nuclenor (participada al 50% por Iberdrola y Endesa), tiene la intención de prolongar la vida de la central durante 10 años más, lo cual sería posible si el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprueba este mes el Real Decreto que pretende modificar la legislación de seguridad española. Y hoy hemos conocido que el CSN tomará una decisión sobre el Real Decreto que modificaría la legislación de seguridad nuclear a finales de este mes, previsiblemente en su pleno del 31 de julio.

Real Decreto a hurtadillas

El Gobierno elaboró un Real Decreto que pretende modificar el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR), pieza clave de la legislación de seguridad española, para permitir la reapertura de Garoña. El cambio, consiste, básicamente, en introducir un nuevo criterio para la renovación de la licencia de una central, agilizando los trámites y las exigencias para ello. Así, siempre y cuando una empresa gestora solicite la reapertura de una central, tras haber sido cerrada por motivos económicos y no técnicos, se le concederá. Actualmente, la normativa no contempla este supuesto.

Inversión pendiente de 120 millones

Recordemos que Nuclenor cerró Garoña (la más antigua de España) por su incapacidad de invertir los 120 millones de euros necesarios para cumplir con los nuevos requisitos de seguridad aprobados tras el accidente de Fukushima. Así, pues parece evidente que los motivos técnicos se enmascaran tras los económicos en este caso, haciendo difícil discernir en qué casos se dará la licencia de apertura y en qué casos no.

Algunas organizaciones como Ecologistas en Acción, consideran que la modificación que pretende introducir el Gobierno, responde a los intereses de Nuclenor a quien se le permitiría eludir la inversión que ha llevado a su cierre (la central es obsoleta) y reabrir en otras condiciones. En sentido, denuncian que se legisla según los intereses privados de una empresa y no los intereses públicos.