El desarrollo urbanístico y la conservación del litoral son dos aspectos opuestos que tendrían que estar íntimamente relacionados mediante una gestión integrada del ambiente. Cuyo objetivo principal sería encontrar un equilibrio entre ambos.
En cambio, en las últimas décadas en España se ha producido un desarrollo urbanístico insostenible, sin tener en cuenta la conservación del litoral, donde sólo se ha buscado el beneficio económico.
De hecho el principal motor de la economía española es el turismo de sol y playa lo que ha favorecido el aumento de la urbanización de la costa por medio de promotores inmobiliarios que buscaban atraer compradores entre los turistas. De este modo se ha favorecido una construcción desproporcionada y fuera de la ley que ha ocupado y destruido casi la totalidad de los recursos naturales y paisajísticos de la costa. Al mismo tiempo, han aumentado los efectos de la erosión y el retroceso de la línea de costa, favorecidos por la alteración del medio natural y la interferencia en los procesos naturales de regeneración de la costa.
Estos abusos urbanísticos han hecho perder la credibilidad de España ante Europa. Por lo que el gobierno se ha visto obligado a modificar la antigua ley de costas de 1988 por la ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral.
El objetivo de la primera ley era garantizar la protección ambiental y el uso público de la costa pero con la entrada en vigor de la nueva ley de costas se han visto favorecidos los intereses privados. Las principales modificaciones que se han llevado a cabo son la definición del dominio público marítimo-terrestre (DPMT), la reducción de la servidumbre de protección de 100 m a 20 m y la ampliación del plazo de las concesiones de 30 a 75 años.
Con esta nueva ley se ha buscado regular las actividades económicas en la franja litoral, dando más importancia al aspecto económico y dejando en un segundo plano los aspectos naturales y sus efectos. Por otro lado, no se tratan temas tan importantes como la restauración de los procesos litorales, de los ecosistemas o del paisaje.
A pesar de no contar con una legislación contundente que favorezca la conservación del litoral, queda en manos de los gestores hacer uso de las herramientas adecuadas para favorecer un desarrollo urbanístico sostenible, conservar, proteger y mantener la calidad del medio natural y cultural y además recuperar espacios, recursos y hábitat de interés.
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